La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio se instaló la mañana de este martes 27 de febrero en la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, en Quito.

En esta sesión la Fiscalía acusó a Carlos Edwin A. L. conocido con el alias El Invisible, como autor mediato del crimen, señalando que desde la cárcel de Cotopaxi dio la orden de matar al entonces candidato presidencial.

A Laura Dayanara C. V. le determinó responsabilidad de coautora, señalando que la logística, como dinero y motos, para cometer el asesinato.

Al resto de los procesados, Alexandra Elizabeth C. F., Erick Marcelo R. P., Víctor Alfonso F., Oscar Andrés F. F., fueron acusados como cómplices.

Esta audiencia empezó con la finalidad de conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; y establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal.

Inicialmente trece personas fueron procesadas por este crimen, sin embargo, siete de ellas fallecieron entre el 6 y 7 de octubre de 2023. Entre ellos están los seis capturados en la noche del crimen, de nacionalidad colombiana, que permanecían en la Penitenciaría del Litoral.

En el comienzo de la sesión, la Fiscalía pidió extinguir la acción penal contra ellos, y la jueza encargada del caso, conectada vía telemática, aceptó su pedido.

Carlos Edwin A, señalado como cabecilla de la facción Los Invisibles de Los Lobos y mentalizador del crimen por la Policía, fue vinculado a este caso tras revisarse la información del celular de Jhojan Castillo López, sicario que falleció en la noche del delito, en el que se observó que hubo comunicación entre ellos, según la Fiscalía.

El abogado Gastón Toro, quién representa a alias El Invisible, argumenta que el proceso contra su cliente debe ser nulificado porque no se le habría garantizado el derecho de la defensa.

Asimismo, señaló que no se habría cumplido la cadena de custodio, porque se desconoce la identidad del militar que encontró el teléfono en la calle, quien entregó el dispositivo a un policía para su revisión, y que no hay garantía que ese celular le pertenecía a Castillo.

Abogados defensores de otros procesados también alegaron otros vicios procesales, pero la magistrada desechó estos pedidos, señalando que se ha actuado en validez.