Según cálculos oficiales, divulgados durante el Gobierno de Guillermo Lasso, al menos un 70 % de las ganancias de corruptos y criminales se blanquean en la economía legítima, adquiriendo bienes para evitar sospechas.

El narcotraficante Leandro Norero, por ejemplo, cuando fue detenido era dueño de 11 inmuebles, incluida una mansión de USD 2,5 millones, y tenía 13 vehículos, algunos de alta gama.

Si el Estado hubiera podido monetizarlos, habría recuperado al menos USD 15 millones, de acuerdo con el avalúo que hizo la Fiscalía.

El de Daniel Salcedo, vinculado a la red de corrupción hospitalaria, es otro caso. Tenía al menos seis inmuebles y siete carros. Solo los lujosos están valorados en el mercado en más de USD 100 mil cada uno.

Pero pese a la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, solo el 1 % del dinero que se blanquea, es recuperado; un monto muy bajo para el Estado.

Datos de la Unidad de Delitos Contra el Sistema Financiero revelan que entre 2021 y 2022, fueron recobrados apenas USD 9 292 000 en bienes y USD 1 710 000 en dinero en efectivo. Más USD 7 644 000 en cuentas bancarias, que están congelados.

De un gran total que, basado en estas cifras se podría llegar a estimar en unos USD 1 800 millones.